1936 - 2006
 
A 70 años de la insurrección revolucionaria contra el golpe fascista y la guerra civil

La lucha por el socialismo más vigente que nunca
Recuperar la memoria para preparar el futuro


La Comuna Asturiana de 1934

La insurrección proletaria y la República

Juan Ignacio Ramos

 

En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la república democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, es un mal que se transmite hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase.

El proletariado victorioso, lo mismo que hizo en la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los lados peores de este mal, entretanto que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo este trasto viejo del Estado.

Federico Engels,
en el vigésimo aniversario de la Comuna de París,
Londres, 18 de marzo de 1891.

 

La historia de los años treinta en el Estado español es la crónica de la revolución proletaria y la contrarrevolución burguesa. Todos los acontecimientos que se sucedieron desde los años veinte y que cristalizaron en la guerra civil —la forma más aguda que puede adoptar la lucha de clases— ponían de manifiesto los intereses irreconciliables de capitalistas y terratenientes, de la casta militar y eclesiástica con los de millones de campesinos y proletarios. Todos los regímenes políticos que se sucedieron, estaban condicionados por este hecho.

La burguesía buscó desesperadamente, en todo este período histórico, formas de dominación que le permitiesen contener la marea revolucionaria que se les venía encima. Lo intentaron primero con la dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, sacrificando la odiada monarquía de Alfonso XIII por la República; pero a lo que nunca renunciaron, y ahí radicaba el problema esencial, fue a mantener la mano firme sobre sus propiedades, sobre la tierra, las fábricas y la banca, a imponer a los trabajadores y los campesinos famélicos su régimen de explotación, sus jornales de miseria y hambre, sus jornadas de sol a sol. Apoyándose en la Iglesia católica y la casta militar, la oligarquía española no pretendía renunciar a ninguno de sus privilegios y era consciente, sobradamente consciente, que ello le llevaba a un enfrentamiento decisivo con el movimiento obrero.

La clase dominante española toleró las formas democráticas como un mal menor, siempre y cuando el poder económico, y por tanto el político, siguiesen estando firmemente bajo su control. En la medida que el traje del parlamentarismo democrático burgués fue incapaz de servir a este objetivo, la burguesía no vaciló en desprenderse de él y adoptar los métodos del golpe militar, la guerra civil y el fascismo. Toda la palabrería acerca de la democracia, libertades cívicas, elecciones, sufragio universal, fue arrojada al basurero y reemplazada por otras más afines: cruzada anticomunista, orden, propiedad, patria, censura, cárceles, fusilamientos...

La experiencia histórica de la revolución española demostró que ningún régimen político puede sustraerse de las relaciones sociales de producción que lo condicionan y determinan su naturaleza. La República proclamada el 14 de abril de 1931 no trastocó los límites de la propiedad capitalista. Como reflejo del ascenso de la lucha de clases y de las enfermedades que corroían al capitalismo español, la República despertó las esperanzas de una vida mejor para millones de personas oprimidas durante generaciones. Las ilusiones en la democracia y en un cambio fundamental en sus condiciones de existencia, florecieron en todos los rincones del país. Pero estas ilusiones no tardaron mucho en marchitarse. Para los oprimidos del campo y la ciudad, la República no trajo grandes cambios en sus condiciones de vida, mientras mantenía lo esencial del dominio terrateniente y capitalista de la sociedad.

El primer gobierno de conjunción republicano-socialista dio paso, tras las elecciones de noviembre de 1933, a otro de los radicales de Lerroux cuya política, en realidad, la dictaban los diputados de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).

El agrupamiento derechista de la burguesía española liderado por Gil Robles, consciente de la irremediable escalada del movimiento obrero y la incapacidad de la República para contenerla, desbrozó el camino para imponer un régimen de corte fascista que aplastase a las organizaciones obreras y la capacidad combativa del proletariado. Toda la obra contrarrevolucionaria cedista tanto en el terreno legislativo como en la realidad de la lucha de clases, encontraba su sintonía con el triunfo de Hitler en Alemania y Dolffus en Austria. La amenaza de un triunfo similar en el Estado español era tan real como reales eran los discursos de Gil Robles y otros destacados líderes de la CEDA a favor de un régimen de ese tipo.

La insurrección obrera del 5 de octubre de 1934 vino a cortar esta perspectiva de consolidar un Estado fascista mediante la utilización de los mecanismos del parlamento burgués. Fue la insurrección armada en Asturias y el frente único de la izquierda a través de las Alianzas Obreras, lo que desbarató todos los planes de la CEDA. Sin este ensayo previo, difícilmente puede entenderse la resistencia al fascismo con las armas en la mano durante los tres años de guerra civil y revolución social, una diferencia cualitativa con lo acontecido en Italia, Alemania o Austria.

 

 

El fin del régimen monárquico

 

La historia de España hasta 1931 había estado caracterizada por siglos de continua, lenta e inexorable decadencia, marcada por periódicas y aisladas sublevaciones campesinas y un asfixiante control de todas las esferas del poder por parte de la monarquía y los terratenientes. Incapaz de llevar a cabo una revolución burguesa como en Francia o Gran Bretaña, la clase dominante española era un conglomerado formado por la vieja aristocracia nobiliaria (que nutría la clase terrateniente), la burguesía agraria y comercial del centro y sur de España, vinculada por todo tipo de negocios y chanchullos con la anterior, y una débil burguesía industrial que participaba cómodamente de los privilegios económicos que este estado de cosas le proporcionaba. En la historia del siglo XIX el papel de la burguesía se redujo a la búsqueda permanente de acuerdos y coaliciones con las viejas clases del pasado feudal. La compra de grandes extensiones de tierra, de títulos de nobleza y los matrimonios con la aristocracia fueron la práctica común de los burgueses, y nuevos lazos de unión se forjaron en negocios comunes. Por otra parte la alta burguesía financiera que empezaba a despegar en Euskadi o la burguesía industrial de Catalunya, adquirieron posiciones en el gobierno central, sustentando las formas antidemocráticas del viejo régimen que tan bien les servían para explotar sus negocios.

La Primera Guerra Mundial proporcionó la oportunidad de abastecer los mercados europeos y el despegue de la producción y la exportación, especialmente agraria y textil. No obstante, los beneficios reportados por esta coyuntura no significaron grandes cambios en la estructura económica del país: Las infraestructuras siguieron manteniéndose en un estado deficiente y el aparato productivo apenas registró mejoras cualitativas. Los beneficios fueron consumidos suntuariamente y fortalecieron aún más el carácter atrasado y rentista de la clase dominante española. Sin embargo, el desarrollo de nuevos centros y regiones industriales creó una nueva correlación de fuerzas, y favoreció la aparición de un proletariado joven y dinámico que pronto empezó a jugar un importante papel. En ese contexto, la crisis generada tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la influencia poderosa de la Revolución Rusa de octubre de 1917, provocaron el ascenso de la lucha de clases, tanto en el campo como en la ciudad: fue el llamado trienio bolchevique.

La polarización social en el país aumentó considerablemente. En 1917 se convocó la primera huelga general en el Estado español, duramente reprimida, pero que mostró las débiles bases materiales para estabilizar un régimen democrático burgués. Finalmente, la burguesía volvió a utilizar el recurso habitual: instaurar una nueva dictadura militar.

La dictadura de Primo de Rivera intentó ocultar los crímenes del colonialismo español en Marruecos y los desastres militares (como el de Annual) al tiempo que amparaba los intereses de los grandes capitales y el proteccionismo con una reglamentación económica rígida y de altos aranceles. La dictadura aspiraba a un régimen corporativo, similar al existente en la Italia mussoliniana. La represión feroz del movimiento obrero organizado, centrado especialmente en el combate a la CNT, el aplastamiento de las luchas obreras, la organización del terrorismo patronal y una legislación laboral reaccionaria fueron, entre otros, rasgos distintivos de la dictadura. La colaboración de los dirigentes de la UGT y del PSOE con el régimen de Primo de Rivera, sustentada por la política posibilista de los dirigentes socialistas españoles con Pablo Iglesias a la cabeza, no evitó que, finalmente, la dictadura se enfrentase a un movimiento creciente de descontento. "El régimen de la dictadura" escribía Trotsky, "que ya no se justificaba, a ojos de las clases burguesas, por la necesidad de aplastar de inmediato a las masas revolucionarias, representaba al mismo tiempo, un obstáculo para las necesidades de la burguesía en los terrenos económico, financiero, político y cultural. Pero la burguesía ha eludido la lucha hasta el final: ha permitido que la dictadura se pudriera y cayera como una fruta madura". La monarquía, decisivamente comprometida con la dictadura, sufrió el mismo destino que ésta.

 

 

La proclamación de la República

 

En la crisis del régimen monárquico pesaron más los intereses de clase de la burguesía que el mantenimiento de una reliquia política heredada del pasado pero inservible para la nueva situación. Este fenómeno no supone ninguna novedad. Durante la revolución rusa de febrero de 1917, muchos de los políticos más venales y comprometidos con el zarismo, observando el colapso del régimen y el empuje de las masas, no dudaron en abrazar el nuevo régimen republicano para salvar el pellejo y seguir manteniendo el poder en sus manos. Lo mismo ocurriría en los años de la llamada transición española, cuando centenares de destacados prohombres de la dictadura franquista se convirtieron, obligados por las circunstancias, en demócratas de toda la vida.

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, el jefe del cuarto militar de Alfonso XIII, Berenguer, fue encargado de salvar la monarquía y de paso a la oligarquía. En el mes de febrero de 1930 el nuevo gobierno militar estaba conformado con representantes de la aristocracia, el clero y el ejército. Pero esta prolongación formal de la vida del régimen no ocultó su crisis terminal.

En las filas de la burguesía las divergencias sobre el rumbo de los acontecimientos crecían día a día. Como siempre ocurre en estos períodos de crisis, un sector abogaba por la represión y el palo, mientras otro, el más sutil e inteligente se inclinaba por la reforma. A su manera, ambos sectores tenían razón y se equivocaban. Las concesiones políticas provocarían un auge del movimiento reivindicativo, y el mantenimiento de la opción represiva tampoco resolvería la crisis y la contestación social. Ante la gravedad que adoptaban los acontecimientos, una mayoría de los políticos burgueses del régimen se inclinaban por calmar a las masas respaldando una salida "democrática". De esta manera individuos que habían desarrollado su carrera política reprimiendo las luchas obreras y sirviendo fielmente a la monarquía se convirtieron de la noche a la mañana en republicanos y demócratas. Individuos como Miguel Maura o el ex ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora juraron su adhesión a la República. Otros muchos siguieron su camino.

Paralelamente el movimiento de oposición que se extendía entre la clase trabajadora contagiaba a sectores cada vez más amplios de la pequeña burguesía y los estudiantes. Siguiendo una tradición muy arraigada, la política colaboracionista y vacilante de los principales líderes del PSOE y la UGT permitió a los representantes de la pequeña burguesía republicana hacerse con el protagonismo del momento y asumir la iniciativa. Para los teóricos del PSOE la tarea central del movimiento consistía en aupar al poder a las fuerzas republicanas para acabar con los vestigios de la sociedad feudal y liquidar políticamente la monarquía, estableciendo un régimen parlamentario y constitucional. La cuestión del poder de las fábricas o la tierra quedaba en segundo término.

Paralelamente, la UGT y la CNT participaban en gran número de huelgas pero sus direcciones no tenían una visión clara de los acontecimientos. Los líderes anarcosindicalistas, imbuidos de prejuicios antipolíticos, actuaron en la práctica de forma similar a los líderes socialistas que difundían la colaboración con los republicanos.

Las ilusiones de los líderes socialistas en la revolución democrático- burguesa eran tantas que la alianza con los partidos republicanos se profundizó y cristalizó en el llamado Pacto de San Sebastián, en el que se acordó un plan de acción para proclamar la República y constituir un gobierno provisional.

Los dirigentes del PSOE en colaboración con los republicanos, confiaron en los mandos militares para el pronunciamiento, en lugar de organizar y preparar militarmente la insurrección en las fábricas, tajos y latifundios. Este método conspirativo, que tanto gustaba a Indalecio Prieto, buscando la participación de la oficialidad en lugar de la acción organizada de las masas de la clase obrera, tendría consecuencias funestas en octubre del 34.

Para organizar el pronunciamiento, se estableció un Comité Ejecutivo con Alcalá Zamora, Miguel Maura, Indalecio Prieto, Manuel Azaña. El movimiento obrero no pasaría de tener un papel auxiliar en los planes trazados por la inteligencia republicano-socialista. Los líderes de UGT y PSOE, incluso de CNT se limitaron a obedecer las decisiones de ese Comité Ejecutivo sin proponer ninguna acción independiente. Aún así las huelgas generales crecían en cantidad y calidad, en Barcelona, San Sebastián, Galicia, Cádiz, Málaga, Granada, Asturias, Vizcaya.

Por si había duda de los objetivos del movimiento, Manuel Azaña lo aclaró en el mitin del 28 de octubre en la plaza de toros de las Ventas de Madrid: "una república burguesa y parlamentaria tan radical como los republicanos radicales podamos conseguir que sea". Finalmente el Comité Ejecutivo salido del Pacto de San Sebastián, transformado en el mes de octubre en Gobierno Provisional de la República, fijó la fecha del alzamiento contra la monarquía para el 15 de diciembre. La falta de determinación de los dirigentes, de coordinación, la ausencia de una ofensiva obrera en las ciudades —escenario que guardaba muchas similitudes con lo acontecido en las jornadas del 5 y 6 de octubre de 1934—, condenó el pronunciamiento al fracaso.

A pesar de todo, las perspectivas del régimen monárquico eran malas. Carente de base social, incapaz de contener la radicalización de las capas medias y el movimiento obrero, Berenguer propuso a comienzos de 1931 la celebración de elecciones legislativas, propuesta rechazada por el movimiento obrero y los líderes republicanos y también por los sectores más perspicaces de la burguesía que no estaban dispuestos a prolongar la agonía del régimen. La dictablanda de Berenguer, entró en crisis definitiva. El rey, acosado, intentó remontar la situación con un gobierno urdido por el conde de Romanones, gran terrateniente y plutócrata. El nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar sólo escribió el epitafio de la odiada monarquía.

En este contexto de extrema polarización, amplios sectores de la burguesía comprendían que el final de la monarquía era cuestión de muy poco. El gobierno acosado intentó ganar tiempo convocando para el 12 de abril elecciones municipales, con la esperanza de contener el movimiento de la oposición y lograr el apoyo de los sectores republicanos al establecimiento de una monarquía constitucional. Pero ya era tarde. Las ansias de acabar de una vez por todas con la monarquía, de alcanzar las libertades democráticas, contagiaban a toda la sociedad. Incluso la CNT afectada por esta situación, no pudo impedir que miles de militantes votaran a las candidaturas de la conjunción republicano-socialista.

A pesar del fraude electoral y la intervención de los caciques monárquicos en las zonas rurales, el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas fue masivo en las grandes ciudades. El delirio de las masas se desató en las principales capitales y ciudades del país, donde la República fue proclamada en los ayuntamientos. En Barcelona Luis Companys, elegido concejal, proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento. En Madrid, miles de trabajadores venidos de todos los rincones llenaban la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, todo el centro de Madrid. Finalmente, el gobierno provisional republicano entró en la sede de Gobernación y a las ocho y media de la noche, Alcalá Zamora proclamó la República.

Mucho se ha escrito sobre el carácter de la República española. Para cualquiera que quiera entender las contradicciones que se desarrollaban en los años treinta, lo cierto fue que la burguesía no tuvo más remedio que ceder el paso a la República, tratando de ganar tiempo y poder reestablecer una correlación de fuerzas más favorable para sus intereses. La dictadura del capital se puede envolver en formas políticas aparentemente diferentes, siempre que garanticen el dominio de la burguesía sobre el conjunto de la sociedad. Obviamente, los marxistas preferimos la república democrática a la dictadura policial o militar. Pero esta preferencia no es el producto de ningún fetiche hacia las formas políticas burguesas, ni ninguna concesión al cretinismo parlamentario, tan común en los dirigentes reformistas del movimiento obrero. La razón de esta preferencia es bien sencilla: en un régimen formalmente democrático es más fácil hacer propaganda, agitar por las ideas del socialismo científico, y las oportunidades para la organización revolucionaria de los trabajadores son mayores.

Aunque la República española de 1931 podía presentar estas ventajas democráticas, incluida la elección parlamentaria del presidente de la República, el régimen social en el que se basaba era el mismo que sustentaba a la monarquía alfonsina: la sociedad capitalista. Como Largo Caballero afirmó en no pocas ocasiones, repúblicas hay muchas pero a los trabajadores sólo nos interesa la república socialista, aquella que refleja un cambio radical en las relaciones de propiedad a favor de los oprimidos. Para la burguesía se trataba en cambio de modificar el régimen político y garantizar lo esencial: el dominio económico que le permitiese explotar a millones de campesinos y trabajadores y garantizar sus privilegios.

La historia de la insurrección del 34 tiene mucho que ver con lo anterior. Aunque la forma política republicana se mantenía, eso no impedía a la burguesía lanzar una ofensiva generalizada contra los trabajadores y sus organizaciones. Vale la pena recordar este hecho para aquellos que desde la izquierda, incluso desde posiciones presuntamente marxistas, colocan la reivindicación de república como la consigna central para la clase obrera y la juventud. Una república, por muy democrática y avanzada que sea, si mantiene intacto y ampara el dominio económico de la clase capitalista se convertirá en un régimen hostil a los trabajadores y sus intereses. El ejemplo de la república francesa, la república alemana o la república de los Estados Unidos es bastante elocuente.

La burguesía española se sumó al carro del republicanismo sembrando todo tipo de ilusiones entre la población, ilusiones democráticas que también reflejaban el ansia de liberación social de las masas. En la imaginación de millones de oprimidos triunfó la convicción de que la República traería reforma agraria, buenos salarios, fin del poder de la Iglesia, derecho de autodeterminación… Pero la burguesía tenía planes muy diferentes.

"El gobierno provisional republicano", explica Manuel Tuñón de Lara, "preocupado hasta la exageración por las formas del derecho y el mantenimiento de las esencias liberales, fijó el reconocimiento de la libertad de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de propiedad como piezas esenciales, así como el sometimiento de los actos gubernamentales a las cortes constituyentes... España se encontraba en el umbral de un régimen de democracia liberal, mantenedor del orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción y circulación, es decir, lo que suele llamarse un régimen de democracia burguesa"1.

Con este punto de partida, la experiencia del gobierno de coalición republicano-socialista y el triunfo del fascismo en Europa fueron las mejores escuelas para que el proletariado español fuese sacando conclusiones revolucionarias, en un proceso de radicalización ascendente.

 

 

Revolución democrático-burguesa

 

En el panorama político de 1931, el PSOE y la UGT constituían, junto con la CNT, los destacamentos más importantes del proletariado y el campesinado español.

En el caso de la CNT su tradición revolucionaria la había colocado en el punto de mira de la represión durante décadas. Este hecho unido a la política de colaboración de clases practicada por los dirigentes del PSOE y la UGT, había permitido a la CNT agrupar a miles de trabajadores que se consideraban revolucionarios y luchaban honestamente por el derrocamiento del capitalismo. Como organización de masas, la CNT no pudo evitar que los acontecimientos de la lucha de clases penetraran en sus filas y afectaran a sus cuadros militantes, poniendo en serias dificultades el control anarquista sobre la organización.

La revolución bolchevique de 1917 conmovió profundamente las bases de la CNT, y en general del movimiento anarquista y anarcosindicalista en todo el mundo. Una capa muy amplia de la militancia y de los cuadros dirigentes atraídos por la revolución rusa oscilaron hacia el comunismo. Este hecho quedó reflejado en la afiliación temporal de la CNT a la Internacional Comunista. Sin embargo, las debilidades políticas del comunismo español y la degeneración burocrática de la Tercera Internacional favorecieron el predominio del ideario anarquista, lleno de prejuicios hacia la participación en política y cegado por una visión putschista de la insurrección. Todas las debilidades políticas del anarquismo español se pusieron de manifiesto en la República, y de forma destacada durante la insurrección proletaria de octubre del 34.

El PSOE y la UGT representaban la otra pata del movimiento de masas de la clase obrera española. En el caso del PSOE la tradición política de colaboración de clases y preservación de la organización a costa de lo que fuese, estaba muy arraigada en la práctica de Pablo Iglesias. El pablismo nunca realizó grandes aportaciones teóricas al movimiento socialista, era más bien una visión local de la política desarrollada en Francia por Guesde y por la socialdemocracia alemana. Compartía por tanto lo esencial de la tradición política dominante en la Segunda Internacional: una verborrea marxista para los discursos de celebración (Primero de Mayo, Congresos, etc) y una práctica política basada en la colaboración de clases con la burguesía. El carácter reformista de la dirección socialista fue puesto a prueba durante los años de la dictadura de Primo de Rivera. En ese período la actuación de los líderes del PSOE siguió el mismo método aducido por la socialdemocracia alemana o francesa en su capitulación ante la carnicería imperialista de la Primera Guerra Mundial. La colaboración con la burguesía se justificaba por la preservación de las organizaciones obreras pero, en la práctica, lo que se lograba era la subordinación de la política socialista a los intereses de la clase imperialista. Los principales líderes del PSOE siempre mantuvieron un discreto papel en las polémicas que recorrieron la Internacional. Alineados con el sector de derechas frente a las posiciones de Rosa Luxemburgo o Lenin, se enfrentaron a la revolución rusa de 1917 con desconfianza y rechazo. Al igual que ocurriera en la CNT, una organización de masas como el PSOE no pudo sustraerse del impacto del triunfo del octubre soviético y en sus filas germinaron pronto las semillas del comunismo. Las sucesivas escisiones que sufrieron tanto las Juventudes Socialistas (JJSS) como el PSOE por parte de los simpatizantes terceristas de la Revolución Rusa dieron lugar a los primeros embriones del comunismo español que culminaron finalmente en el Partido Comunista de España (PCE).

En 1931, todos los dirigentes socialistas coincidían en afirmar el carácter burgués del movimiento revolucionario que acabó con la monarquía. La burguesía española tendría la oportunidad al fin, de llevar a cabo las transformaciones democráticas que en Inglaterra, Francia o Alemania se habían realizado en el siglo XVII y XVIII: La reforma agraria con la destrucción de la vieja propiedad terrateniente, y la creación de una clase de pequeños propietarios agrícolas; la separación de la Iglesia y el Estado, estableciendo el carácter laico y aconfesional de la República y terminando con el poder económico e ideológico del clero; el desarrollo de un capitalismo avanzado que pudiese competir en el mercado mundial, creando un tejido industrial diversificado y una red de transportes moderna; la resolución de la cuestión nacional, concediendo la autonomía necesaria a Catalunya, Euskadi y Galicia, e integrando al nacionalismo en la tarea de la construcción del Estado; la creación de un cuerpo jurídico que velara por las libertades públicas, de reunión, expresión y organización, sin las cuales era imposible dar al régimen su apariencia democrática. En definitiva el programa clásico de la revolución democrático-burguesa.

En este esquema formal de la revolución democrático-burguesa que antecedía obligatoriamente a la revolución socialista, el proletariado y su dirección tenían que subordinarse ante la burguesía en su lucha por modernizar el país. Asegurando el triunfo de la burguesía democrática se establecerían las condiciones, en un período largo de desarrollo capitalista, para el fortalecimiento de las organizaciones obreras y su poder dentro de las instituciones políticas y económicas del nuevo régimen: parlamento, ayuntamientos, tribunales, cooperativas, empresas...

En realidad este planteamiento ideológico se basaba en la tradición reformista de la Segunda Internacional, y fue contestada por el ala marxista representada por Rosa Luxemburgo, en Alemania y Lenin y Trotsky en Rusia. Para los marxistas esta forma de presentar la cuestión falseaba tanto las condiciones materiales del desarrollo capitalista, como la propia estructura de clases de la sociedad.

En el caso de Rusia, al igual que en el Estado español y en todas las naciones de desarrollo capitalista tardío, las relaciones de producción capitalistas habían surgido sobre un substrato socioeconómico atrasado, adoptando un desarrollo desigual y combinado. Es decir, al tiempo que integraba relaciones de propiedad heredadas del pasado feudal, como el latifundio, de las que se desprendían formaciones sociales extremadamente atrasadas en el campo (donde malvivían en la miseria millones de campesinos famélicos frente a una clase de terratenientes privilegiados), también manifestaba rasgos muy avanzados: concentración del proletariado industrial en grandes fábricas, aplicación de las últimas tecnologías en numerosas ramas de la producción, y la inclusión de estas economías atrasadas en el mercado mundial. Por otra parte, tanto en Rusia como en el Estado español era evidente el carácter dependiente de la burguesía nacional del capital exterior. Éste colonizaba una buena parte de la actividad económica del país a través de la inversión directa y de los empréstitos que contraía el Estado con el capital foráneo (fundamentalmente inglés, francés y alemán), necesarios para acometer la mayoría de las obras de infraestructura.

Como la experiencia histórica atestigua, la burguesía de estos países, en los asuntos que afectaban fundamentalmente a sus intereses de clase, formaba un bloque con el antiguo régimen autocrático o monárquico. Por tanto, la consideración de los marxistas en este punto no deja lugar a dudas: la burguesía liberal tenía un carácter profundamente contrarrevolucionario y sería incapaz de liderar consecuentemente ni siquiera la lucha por las demandas democráticas.

Esta postura fue reivindicada por los hechos en la revolución rusa de 1905 y posteriormente en la de 1917. Sólo la clase obrera aliada del campesinado pobre podría llevar a cabo la liquidación de los vestigios del viejo régimen feudal. Pero, la conquista de la democracia, la reforma agraria —el talón de Aquiles de la sociedad rusa de 1917 o la española de 1931—, la resolución del problema nacional y la mejora de las condiciones de vida de las masas, eran incompatibles con la existencia del capitalismo. Las tareas democráticas enlazaban con las socialistas: la expropiación de la burguesía nacional y de sus aliados, los terratenientes y los capitalistas de los países avanzados, se tornaba en condición necesaria para el avance de la sociedad. Este programa hizo posible la Revolución de Octubre en Rusia, la primera revolución obrera triunfante en la historia.

 

 

Gobierno de conjunción republicano-socialista

 

Pronto quedaron claros los límites del primer gobierno de conjunción republicano socialista. La estructura de clases de la sociedad española de 1931 muestra la gran polarización de la misma y los límites de cualquier política que no atacara las causas materiales de tantos siglos de opresión. Aproximadamente el 70% de la población se concentraba en el medio rural, la mayoría en condiciones penosas, afectadas por hambrunas periódicas entre cosecha y cosecha. Dos tercios de la tierra estaban en manos de grandes y medianos propietarios. En la mitad sur el 75% de la población tenía el 4,7% de la tierra mientras el 2% poseía el 70%. Los que las explotaban, pues el 38% de la tierra cultivable permanecía sin cultivar, lo hacían con mano de obra jornalera y sueldos de miseria de dos o tres pesetas diarias. En el mejor de los casos los jornaleros de Andalucía y Extremadura estaban en paro de 90 a 150 días al año2.

La posición de la agricultura en la economía nacional era predominante. Aportaba el 50% de la renta nacional y constituía dos tercios de las exportaciones. Los métodos de explotación eran muy primitivos y la existencia de una gran población jornalera hacía que los terratenientes obviasen la introducción de maquinaria moderna. La pequeña propiedad agraria de menos de 10 hectáreas de superficie, alcanzaba las 8.014.715 de hectáreas; las medias y grandes fincas de más de 100 hectáreas, ocupaban casi 10 millones de hectáreas. En el centro, sur y oeste de la península más de 2 millones de jornaleros malvivían en condiciones de extrema explotación.

La burguesía no tenía intereses contrapuestos a los del terrateniente, por el hecho de que el burgués y el terrateniente en la mayoría de las ocasiones eran el mismo individuo. El conde de Romanones, era uno de los grandes terratenientes del Estado español, cuyas propiedades se extendían por Guadalajara y toda Castilla la Mancha, pero además era concesionario de la producción de mercurio, principal accionista de las minas del Rif, de las de Peñarroya, de los ferrocarriles, presidente de Fibras Artificiales SA. Esta era la composición de la clase dominante. ¿Dónde estaba pues, la burguesía nacional progresista aliada del proletariado en la etapa de la revolución democrática? Sencillamente no existía.

El capital industrial y financiero estaba muy concentrado. Las grandes familias, no más de 100, poseían la parte fundamental de la propiedad agraria, industrial y bancaria. Por otra parte el capital extranjero había penetrado extensamente en la economía española y dominaba sectores productivos y de las comunicaciones de carácter estratégico para el desarrollo del país.

La clase dominante contaba con firmes aliados en el clero y el ejército. En 1931, según datos obtenidos de una encuesta elaborada por el gobierno, integraban el clero 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes y 8.396 monjas que habitaban en 2.919 conventos y 763 monasterios. Pero estos datos eran en realidad muy incompletos puesto que 7 diócesis de las 55 existentes se negaron a elaborar la encuesta. Las cifras podrían rondar los 80.000-90.000 miembros del clero secular y regular en 1931. Sin embargo, el número de personas que se englobaba en la calificación profesional de "culto y clero" dentro del censo general de población de 1930 era de 136.181. El mantenimiento de este auténtico ejército de sotanas, consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída a la clase obrera y a los jornaleros. El presupuesto de la Iglesia católica ascendía en 1930 a 52 millones de pesetas, y sus miembros más destacados vivían un lujoso tren de vida. El cardenal Segura tenía una renta anual de 40.000 pesetas; el de Madrid-Alcalá, 27.000; los obispos disponían de sueldos que oscilaban entre 20.000 y 22.000 pesetas al año.

La Iglesia era un auténtico poder económico, y actuaba como tal en el mantenimiento del orden social. Según datos del Ministerio de Justicia de 1931, la Iglesia poseía 11.921 fincas rurales (era la primera terrateniente del país), 7.828 urbanas y 4.192 censos. El valor declarado de dichas fincas y bienes era de 76 millones de pesetas y su valor comprobado de 85 millones —pero los peritos encargados del catastro lo evaluaron en 129 millones—. A esto hay que añadir los patronatos eclesiásticos dependientes de la corona (cuyo capital representaba 667 millones), y los títulos de renta al 3% concedidos a la Iglesia como "compensación" por la desamortización del siglo anterior. Pero había más. Respecto a las congregaciones religiosas, la única estadística hecha en 1931 que se refería tan sólo a la provincia de Madrid, dio un valor de 54 millones en fincas urbanas y 112 millones en las rurales.

La Iglesia representaba para millones de hombres y mujeres el poder que los condenaba a una existencia miserable. La furia de la población contra el poder eclesiástico, contra el terrateniente y el burgués tenía su plena justificación en las cifras anteriormente reseñadas.

En cuanto al Ejército, estaba formado por 198 generales, 16.926 jefes y oficiales, y 105.000 soldados de tropa. Los oficiales, seleccionados cuidadosamente de los medios burgueses y monárquicos jugaban un papel protagonista en los acontecimientos políticos. "En el país del particularismo y del separatismo", escribía Trotsky, "el ejército ha adquirido, por la fuerza de las cosas, una importancia enorme como fuerza de centralización y se ha convertido, no sólo en el punto de apoyo de la monarquía, sino también en el conductor del descontento de todas las fracciones de la clase dominante y ante todo, de su propia clase: la oficialidad…"3.

En este panorama, el éxito arrollador de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones legislativas de junio de 1931 revelaban el profundo movimiento social que había alumbrado la era republicana.

Como siempre ocurre en los momentos de grandes cambios en la conciencia de las masas, la victoria de sus candidatos animó la lucha reivindicativa, tanto en el frente industrial como en el campo. La agitación obrera en favor de la jornada de 8 horas, de incrementos salariales, de subsidio de paro y de reforma agraria se extendió formidablemente. El Primero de Mayo puso de manifiesto esta nueva correlación de fuerzas. En Madrid más de 100.000 personas desfilaron encabezadas por los ministros y dirigentes socialistas.

Pronto se impuso al gobierno de conjunción la tarea de abordar las reformas prometidas. Las primeras escaramuzas legislativas se libraron en torno al poder de la casta militar y de la Iglesia con un resultado desilusionante. Los límites de la reforma se topaban con el poder de la oligarquía que no pensaba en ninguna concesión seria. La depuración del ejército de elementos reaccionarios, monárquicos y desafectos al nuevo régimen republicano quedó en agua de borrajas. El gobierno de conjunción favoreció el retiro de los mandos que no querían asegurar fidelidad a la República, garantizando su paga de por vida. En cualquier caso, la mayoría de los militares de carrera, vinculados a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía, y con un historial reaccionario acreditado, permanecieron en sus puestos. Los capitalistas españoles sabían que mantener intacta la composición de clase del ejército era una garantía contra posibles movimientos revolucionarios que desbordasen la legalidad capitalista. Pronto lo comprobarían en la represión de la insurrección del 34.

La polémica en torno al poder económico de la Iglesia, la extinción del presupuesto oficial para financiar las actividades de culto y los límites a su monopolio de la educación, aspectos todos afectados por la redacción de la nueva constitución republicana, fueron una prueba de fuego para el gobierno. Haciendo honor a su extracción de clase, Alcalá Zamora, presidente del gobierno y Miguel Maura presentaron la dimisión en señal de protesta, lo que no impidió a los líderes socialistas apoyar en diciembre de 1931 al mismo Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República.

Todos los esfuerzos para garantizar la estabilidad del nuevo gobierno chocaban con las aspiraciones de su base social. Los trabajadores y los campesinos pobres no podían esperar. Poco a poco se fue revelando la auténtica cara del gobierno de conjunción, pues mientras las reformas necesarias se postergaban, la represión de los carabineros y la guardia civil aumentaba en proporción a la escalada de las luchas obreras y campesinas.

Las huelgas generales se extendían: Pasajes, huelga minera en Asturias, en Málaga, Granada, en Telefónica. Cualquier tímida mejora obrera, fuera de reducción de la jornada, o de incremento salarial eran contestadas por la cerrazón de la patronal y la represión gubernamental.

La otra cara de esta realidad asomaba en el campo. La prometida reforma agraria chocó con la intransigencia de los terratenientes y sus representantes políticos que impusieron al gobierno límites bien definidos. Se trataba de un asunto de vida o muerte para la oligarquía española. Cualquier concesión seria para socavar el poder de los terratenientes era una afrenta para el conjunto de la burguesía, cuyos intereses agrarios eran los mismos. Las vacilaciones del gobierno fueron contestadas con ocupaciones masivas de tierras en Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Rioja. Muchas de estas ocupaciones terminaron con una represión sangrienta. Mientras el gobierno debatía con lentitud exasperante el proyecto de reforma agraria en el Parlamento, la presión de los acontecimientos, y la sublevación de Sanjurjo en Sevilla, en agosto de 1932, aplastada por la huelga general de los obreros sevillanos, provocó la aceleración del debate y la promulgación final del proyecto.

La ley establecía un Instituto de Reforma Agraria encargado de realizar el censo de tierras sujetas a expropiación, eso sí, mediante el pago de indemnización que tenía además por base la declaración hecha por sus propietarios. Los créditos para la Reforma Agraria procederían del Banco Agrario Nacional con un capital inicial de 50 millones de pesetas, pero cuya administración dependía no de los jornaleros ni sus organizaciones, sino de representantes del Banco de España, el Banco Hipotecario, del Cuerpo Superior Bancario, del Banco Exterior de España, es decir del gran capital financiero ligado a los terratenientes. La reforma agraria se dejaba en manos de los terratenientes y la banca. Así entendía el gobierno republicano burgués su política reformista. El proyecto además, obviaba el problema de los minifundios, que obligaban a una vida miserable a más de un millón y medio de familias campesinas en Castilla la Vieja, Galicia, y otras zonas. Tampoco abordaba el problema de los arrendamientos que esclavizaba a los pequeños campesinos a las tierras del amo. El fracaso más palpable de este proyecto es que en fecha del 31 de diciembre de 1933, el Instituto de Reforma Agraria, había distribuido 110.956 hectáreas. Si comparamos este dato con las 11.168 fincas de más de 250 hectáreas, que ocupaban una extensión de más de 6.892.000 hectáreas, se puede afirmar que los terratenientes seguían controlando el campo a su antojo. Sólo 100 nobles disponían de un total de 577.146 hectáreas, y esas propiedades, dos años después, continuaban intactas.

El proyecto de reforma agraria enajenó al gobierno de conjunción el apoyo del movimiento jornalero. La sed de tierras no fue saciada y en su lugar las viejas relaciones de propiedad seguían intactas. A diferencia de 1789 cuando la burguesía francesa hizo una revolución y se puso al frente de la nación para acabar con el poder de los nobles, la burguesía española, igual que la rusa, era incapaz de llevar a cabo esta tarea. El proceso en la España de 1931 guardaba una asombrosa similitud a lo acontecido con el gobierno provisional en Rusia después del derrocamiento del zarismo en febrero de 1917. Los límites del planteamiento reformista se hacían evidentes y la prometida política de reformas se transformaba en contrarreformas y un nuevo apuntalamiento del poder de los terratenientes.

La solución al problema de la reforma agraria estaba reservada al proletariado con los métodos de la revolución socialista. La expropiación de la propiedad terrateniente y su conversión en propiedad colectiva, el desarrollo de una agricultura avanzada sobre la base de la aplicación de los adelantos técnicos (maquinaria, fertilizantes, etc), precios justos para los productos agrarios y fin del monopolio de los intermediarios, ligaba la lucha por la reforma agraria a la expropiación del conjunto de los capitalistas, de la banca y de los monopolios.

 

 

Ley de defensa de la República

 

Ante el incremento del número de huelgas y ocupaciones de fincas, el gobierno aprobó la ley de defensa de la República que incluía la prohibición de difundir noticias que perturbaran el orden público y la buena reputación, denigrar las instituciones públicas, rehusar irracionalmente a trabajar y promover huelgas. Bajo el paraguas de esta ley, los mandos de la Guardia Civil se emplearon a fondo en la represión, especialmente en el campo.

Respecto a la Iglesia, si la constitución aseguraba formalmente la separación de la Iglesia y del Estado, lo que acabó con las subvenciones directas, el control del que siguió disfrutando sobre la educación le garantizó un buen nivel de ingresos. Aunque se acordó la expulsión de la Iglesia de los colegios en un plan de larga duración y la disolución en 1932 de la orden de los jesuitas, se les concedió todas las oportunidades para transferir la mayor parte de sus bienes a particulares y otras órdenes.

Respecto a la cuestión nacional y las posesiones coloniales, el gobierno de conjunción concedió a Catalunya una autonomía muy restringida y para Euskadi se negó a conceder el estatuto de autonomía basándose en el carácter reaccionario del nacionalismo vasco. El gobierno republicano-socialista que negó el derecho de autodeterminación a las nacionalidades históricas, siguió gobernando las colonias como antes había hecho la monarquía. En Marruecos su posición imperialista les enfrentó al movimiento independentista.

La pequeña burguesía republicana y sus aliados socialistas no fueron capaces de llevar a cabo las tareas de la revolución democrática. Capitularon ante el poder de la burguesía, el clero y los terratenientes y se enfrentaron precisamente con la clase que les había instalado en el gobierno: los trabajadores y los jornaleros.

Con todas las salvedades aplicables cuando se trata de establecer comparaciones históricas, el gobierno de conjunción republicano-socialista creó la misma insatisfacción que los gobiernos socialdemócratas de la República de Weimar en Alemania. Si en el caso del país germano el proceso se prolongó durante más tiempo, desde 1918 año del colapso de la monarquía de los Hohenzollern hasta el triunfo de Hitler en 1933, en el Estado español toda esa experiencia se concentró en un lapso de cinco años. Las veleidades "democráticas" del gobierno de conjunción importunaban a los capitalistas y a los militares, mientras que sus tímidas reformas y en muchos casos contrarreformas les enfrentaban a la furia de los trabajadores. En realidad era imposible cuadrar el círculo, o con los capitalistas o con los trabajadores.

En este contexto la reacción agazapada ante los primeros empujes de las masas, empezó a levantar cabeza, primero con el intento de golpe de Estado de Sanjurjo, después en el parlamento cuando los monárquicos y católicos se atrevieron a utilizar demagógicamente la represión contra los obreros y los campesinos, especialmente el asesinato de 20 jornaleros por la Guardia Civil en Casas Viejas (Cádiz), para atacar al gobierno.

Entre la burguesía española empezaba a tomar fuerza una salida política similar a la que se estaba desarrollando en Alemania. El peligro de la revolución no podía ser conjurado a través de los métodos clásico de dominación democrática con sus instituciones parlamentarias. La polarización social estaba creciendo formidablemente y la base social y económica del capitalismo español era demasiado débil como para ofrecer ninguna reforma consistente. Además el período de crisis profunda de la economía capitalista exigía a la burguesía imponer un régimen de terror si quería garantizar su tasa de beneficios. Las conquistas democráticas alcanzadas después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia del triunfo del octubre soviético y la ola revolucionaria que sacudió todo el continente europeo estaban en entredicho.

 

 

La crisis del parlamentarismo

 

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los imperialistas franceses y británicos intentaron cobrar un alto precio a su victoria. La imposición del Tratado de Versalles supuso la ruina para la economía alemana, abriendo un período de luchas obreras y polarización social.

La relativa estabilización política después de los fracasos revolucionarios en Alemania (1918/1921/1923), Hungría (1919), Italia (1920) y la oleada de huelgas generales que atravesó Europa, no permitió reestablecer las tasas de crecimiento anteriores a la guerra.

Europa se encontraba en una situación de debilidad creciente en el mercado mundial frente a EEUU y Japón. Los capitalistas franceses e ingleses, intentaban superar las limitaciones del mercado mundial explotando con dureza a sus colonias africanas y asiáticas, y exigiendo a Alemania hasta el último marco de las indemnizaciones fijadas en Versalles.

Pronto, el viejo continente recibió una nueva sacudida con el colapso económico de 1929 que, comenzando como un crac bursátil en los EEUU, reflejaba una profunda crisis de sobreproducción. En EEUU la especulación no dejaba de aumentar a un ritmo muy superior al de la producción industrial y agrícola. El crédito financiero se convirtió en un estimulo artificial de la actividad, engordando una burbuja financiera que se descontroló por completo. Cuando se produjo la recesión de la economía real norteamericana como consecuencia de la sobreproducción mundial, hubo una auténtica explosión del entramado bursátil.

Para hacer frente a la situación, los bancos norteamericanos repatriaron capitales de Europa, provocando el colapso del sistema crediticio en Austria y Alemania, que dependían de esos capitales. Toda la economía europea se vio violentamente sacudida.

La producción industrial de las potencias capitalistas se desplomó: en 1932 era un 38% menos que en 1929. Entre 1919 y 1932 los precios de las materias primas en el mercado mundial descendieron más de la mitad. En 1932 el comercio mundial de productos manufacturados era sólo un 60% del de 1929. Frente al colapso económico, las burguesías nacionales reaccionaron reduciendo drásticamente los créditos al exterior, con medidas proteccionistas y devaluaciones competitivas de las monedas para favorecer las exportaciones en una lucha sin cuartel por los mercados exteriores. Pero estas medidas profundizaron aún más la crisis abriendo un nuevo período de paro masivo, inflación y empobrecimiento del campo que agudizó la lucha de clases.

En esas condiciones los límites de la democracia parlamentaria afloraron trágicamente. El triunfo de la revolución alemana de 1918 podría haber transformado por completo la historia de Europa y posiblemente del mundo. Alemania era uno de los países más industrializado del planeta, con un proletariado instruido y dotado con grandes tradiciones de organización. La traición de la socialdemocracia a la revolución de los Consejos obreros y el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht permitieron a la burguesía alemana salvar el sistema capitalista. Esta derrota condeno a la revolución rusa al aislamiento en los confines de sus fronteras nacionales, favoreciendo el proceso de burocratización del joven Estado obrero soviético.

A pesar de la derrota de 1918, las contradicciones del capitalismo alemán, alimentadas por la política de saqueo que supuso el Tratado de Versalles, fueron haciéndose cada vez más irresolubles. El régimen parlamentario salido de la República de Weimar y liderado por los dirigentes reformistas del SPD fue incapaz de hacer frente a la crisis económica y a la polarización social. El crac de 1929 vino a empeorar cualitativamente la situación para el capitalismo alemán enfrentado a un auge de la lucha reivindicativa de los trabajadores, y a la ruina material y moral de amplios sectores de la pequeña burguesía.

En estas condiciones, la lucha por la apropiación de la plusvalía, por el máximo beneficio, entraba en contradicción con el mantenimiento de las libertades democráticas y las conquistas que el proletariado logró en el período precedente. En el terreno político, el régimen parlamentario de la República de Weimar se resquebrajaba, pero las organizaciones obreras, el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), y el KPD (Partido Comunista), que contaban con una enorme fuerza carecían de un programa y una orientación marxista.

La dirección socialdemócrata, principal sustento del régimen burgués, profundizó en su política de colaboración de clases, haciendo todo tipo de componendas parlamentarias y gubernamentales con los partidos tradicionales de la clase capitalista. Esto daba enormes oportunidades al KPD, el Partido Comunista Alemán.

Para comprender la tragedia del proletariado alemán es necesario tener en cuenta el proceso de degeneración que sufrieron el Estado obrero en la URSS y la Tercera Internacional. La muerte de Lenin en 1924; el aislamiento del Estado obrero ruso tras el fracaso de la revolución alemana en 1919 y 1923; la guerra civil que acabó con la vida de miles de los mejores comunistas soviéticos en los frentes de batalla; la desmovilización de cinco millones de hombres del Ejército Rojo, todos estos elementos unidos al atraso material y al colapso de las industrias y la agricultura soviética, crearon las condiciones materiales para el surgimiento de una casta burocrática en el seno del partido y la Tercera Internacional.

Engels escribió en Anti-Dühring: "...cuando desaparezcan al mismo tiempo el dominio de las clases y la lucha por la existencia individual engendrada por la anarquía actual de la producción, los choques y los excesos que nacen de esa lucha, ya no habrá nada que reprimir y la necesidad de una fuerza especial de represión no se hará sentir en el Estado…". Sin embargo, en la Rusia soviética de 1924, la lucha por la existencia individual era todavía una penosa realidad. La nacionalización de los medios de producción no suprimió automáticamente la lucha por la existencia individual. En aquellas condiciones el Estado obrero en Rusia no podía conceder todavía a cada uno lo necesario y se veía obligado a exigir a los trabajadores y campesinos sacrificios muy elevados. Después de una época de esfuerzos colosales, de esperanzas e ilusiones en el triunfo revolucionario europeo, el péndulo giró y se reflejó en la actividad de la clase obrera rusa, en el agotamiento de sus fuerzas, en un período de reflujo.

Las dificultades externas e internas alimentaban este proceso, donde la confianza en la victoria revolucionaria iba sustituyéndose por la adaptación a la nueva situación, en la que la naciente burocracia pronto cristalizó su programa político.

Lenin y los bolcheviques nunca albergaron la mínima ilusión en la construcción nacional del socialismo. Su posición internacionalista partía precisamente de una consideración del capitalismo como sistema mundial. "Ustedes saben bien, hasta qué punto el capital es una fuerza internacional" señalaba Lenin en 1918, "hasta qué punto las fábricas, las empresas y los comercios capitalistas más potentes están vinculados entre sí en todo el mundo, y por consiguiente, por qué es imposible batir al capitalismo en una sola parte. Se trata de una fuerza internacional, y para batirla definitivamente es necesaria la acción común de los obreros a escala internacional. Y desde que combatimos contra los gobiernos republicanos burgueses en Rusia en 1917, desde que conquistamos el poder de los sóviets en noviembre de 1917, nunca dejamos de mostrar a los obreros que la tarea esencial, la condición fundamental de nuestra victoria residía en la extensión de la Revolución cuando menos en algunos países avanzados" (Lenin, Discurso en el VIII Congreso de los Sóviets de Rusia).

Pero esta posición internacional de la revolución fue sustituida por Stalin y otros dirigentes por la política estrecha, nacionalista y antimarxista del socialismo en un solo país, que se adaptaba perfectamente como cobertura ideológica a las necesidades materiales de la naciente burocracia: "¿Qué significa la posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país? Significa la posibilidad de resolver las contradicciones entre el proletariado y el campesinado con las fuerzas internas de nuestro país, contando con las simpatías y el apoyo de los proletariados de los demás países, pero sin que previamente triunfe la revolución proletaria en otros países" (Stalin, Cuestiones del leninismo).

Con la nueva teoría del socialismo en un solo país, se subordinaba la acción revolucionaria de los obreros europeos, americanos o de cualquier rincón del planeta en beneficio de la construcción burocrática del socialismo en Rusia. El dominio de la burocracia estalinista dentro del partido no fue inmediato. Fortalecidos por el fracaso revolucionario en Occidente, apoyados en el reflujo de las masas rusas sometidas a condiciones extremas, Stalin y la burocracia libraron una lucha intensa por separar, expulsar, y más tarde aniquilar a cientos de miles de comunistas que se oponían firmemente al nuevo rumbo político. Stalin libró una guerra civil unilateral contra el sector leninista del partido. Todos los viejos camaradas de armas de Lenin fueron depurados, encarcelados y, la mayor parte, fusilados.

Esta depuración se extendió al conjunto de la Internacional Comunista, que se trasformó, hasta su liquidación final en 1943, en una sucursal de la política y los intereses inmediatos de la burocracia rusa. La política de Stalin, caracterizada por continuos zigzags en los que se pasaba de la posición más ultraizquierdista a la colaboración de clases, respondía a las necesidades de mantener los privilegios materiales, los ingresos y el prestigio de la casta burocrática y evitar el triunfo de la revolución socialista, que podía inspirar a los obreros rusos y amenazar el poder burocrático.

Tras el V Congreso de la IC celebrado del 17 de junio al 8 de julio de 1924, y especialmente el VI Congreso de 1928, los nuevos dirigentes de la Internacional abandonarían las posiciones anteriores elaboradas por Lenin sobre el frente único, y apoyándose en el fracaso de la insurrección revolucionaria de octubre de 1923 en Alemania, establecieron un giro ultraizquierdista a su política. En el contexto de estabilización temporal del capitalismo en Europa y de ascenso del fascismo, los dirigentes de la IC elaboraron la famosa doctrina del socialfascismo: "El fascismo y la socialdemocracia son dos aspectos de un solo y mismo instrumento de la dictadura del gran capital".

Los dirigentes del KPD bajo la dirección de Stalin, se negaron a llevar a cabo una política de frente único para frenar el avance del nazismo; renunciaron a combatir al partido nazi con los métodos de la revolución socialista, y su política sectaria centrada en ataques permanentes a la socialdemocracia, que todavía contaba con el apoyo de millones de obreros honestos, confundió a la clase trabajadora, y fortaleció la influencia de los líderes socialdemócratas. Los dirigentes estalinistas fueron incapaces de orientarse en los acontecimientos porque no comprendían la auténtica naturaleza del fascismo.

 

 

Triunfo de Hitler en Alemania

El régimen fascista ve llegar su turno porque los medios ‘normales’ militares y policiales de la dictadura burguesa, con su cobertura parlamentaria, no son suficientes para mantener a la sociedad en equilibrio. A través de los agentes del fascismo, el capital pone en movimiento a las masas de la pequeña burguesía irritada y a las bandas del lumpemproletariado, desclasadas y desmoralizadas, a todos esos innumerables seres humanos, a los que el capital financiero ha empujado a la rabia, a la desesperación. La burguesía exige al fascismo un trabajo completo: puesto que ha aceptado los métodos de la guerra civil, quiere lograr calma para varios años… la victoria del fascismo conduce a que el capital financiero coja directamente en sus tenazas de acero todos los órganos e instrumentos de dominación, dirección y de educación: el aparato del Estado con el ejército, los municipios, las escuelas, las universidades, la prensa, las organizaciones sindicales, las cooperativas… demanda sobre cualquier otra cosa, el aplastamiento de las organizaciones obreras… (León Trotsky, La lucha contra el fascismo)

La burguesía europea, durante todo un período histórico, apoyó las formas de la democracia parlamentaria porque suponían un modo de dominación más eficaz, más aceptable para las masas. Mientras las libertades democráticas no entren en contradicción con la propiedad burguesa de los bancos, la industria y la tierra, pueden ser perfectamente toleradas. En la práctica la ficción democrática juega un papel especialmente útil para la dominación de la burguesía sobre la sociedad. La situación se transforma en su contrario cuando la sociedad burguesa entra en crisis debido a las contradicciones insalvables del capitalismo. Las formas democráticas entonces, se convierten en un obstáculo para los burgueses en su lucha permanente por el máximo beneficio. Tolerar sindicatos, partidos obreros, huelgas, manifestaciones, es decir, los elementos del poder obrero en la sociedad capitalista, se vuelve una carga insoportable.

Esta y no otra era la situación de Europa y en concreto de Alemania. En medio de la crisis económica y la polarización social creciente, la pequeña burguesía alemana, que podía ser ganada para la causa del proletariado si sus organizaciones hubieran defendido un programa revolucionario, giró violentamente a la derecha. En una sociedad en descomposición, los nazis consiguieron una influencia decisiva entre las masas pequeño-burguesas, sectores atrasados de la clase obrera y entre las legiones del lumpemproletariado que poblaban las ciudades.

En las elecciones de septiembre de 1930 el SPD obtuvo 8.577.700 votos; el KPD, 4.592.100 votos y el Partido Nazi, 6.409.600 votos. Lo más destacable de estos resultado era que, si bien el KPD había incrementado sus votos en relación a las anteriores elecciones de 1928 en un 40%, los nazis lo habían hecho en un 700% (en 1928 el Partido Nazi obtuvo 810.000 votos).

En 1932, el Partido Nazi obtuvo 11.737.000 votos, pero entre el KPD y el SPD superaban esa cifra obteniendo más de 13 millones de votos. Este hecho es la mejor prueba de que el apoyo de millones en las urnas, no valen mucho si en el momento decisivo no se cuenta con una política revolucionaria.

En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller sin que hubiera ninguna respuesta del SPD o del KPD. Mientras que los primeros aceptaban la victoria de Hitler porque se había logrado democráticamente, y advertían a sus militantes de abstenerse en participar en ninguna acción de protesta, los líderes estalinistas sin reconocer la gravedad de la situación se contentaron con predecir que el triunfo de los nazis era el preludió de la victoria comunista. No hubo ninguna respuesta armada del proletariado, a pesar de que el SPD y el KPD, contaban con milicias que encuadraban a medio millón de obreros. Los dirigentes paralizaron políticamente al proletariado alemán, el más fuerte de Europa. Los nazis completaron el trabajo aplastando las organizaciones obreras que fueron ilegalizadas y reprimidas ferozmente. En febrero de 1933 los nazis disolvieron el Reichstag, el KPD fue ilegalizado y sus cuadros y militantes encarcelados, y para mayor oprobio de la socialdemocracia sus sindicatos participaron en los desfiles nazis del Primero de Mayo.

Pero no fue la última victoria del fascismo. En Austria, el gobierno del socialcristiano Dollfuss (el modelo en el que se inspiraba Gil Robles), disolvió el parlamento en marzo de 1933 y gobernó durante más de un año con poderes especiales. Los trabajadores y militantes del SPÖ (Partido Socialdemócrata Austriaco) presionaron a la dirección para que ésta convocara una huelga general después de los ataques contra las libertades y derechos democráticos que se sucedían sin interrupción. Pero no sucedió nada de esto, el SPÖ seguía en una situación de retirada permanente imitando en lo fundamental la política derrotista de la socialdemocracia germana. En abril se prohibieron las huelgas y en el verano de 1933 fue prohibido el Partido Comunista de Austria. Se aprobaron más leyes contra la clase obrera (por ejemplo se suprimió la ley sobre la jornada laboral y se recortó el subsidio de desempleo). La única reacción del SPÖ fue recurrir a los tribunales de justicia.

En los meses previos a febrero de 1934, la policía intentó confiscar las armas de las milicias obreras organizadas por la socialdemocracia. La dirección del SPÖ aconsejó a sus militantes que no se resistieran con el fin de evitar una guerra civil.

Pero la clase obrera todavía estaba dispuesta a luchar, aunque la correlación de fuerzas le era muy desfavorable después de todas las retiradas anteriores. Una carta escrita por Richard Bernaschek, secretario del partido y dirigente del CRD (las milicias obreras socialdemócratas) en Austria septentrional, y dirigida a Otto Bauer el 11 de febrero de 1934, demuestra muy claramente esta disposición:

"Hoy tuve una reunión con cinco camaradas fieles y leales, y hemos tomado una decisión, después de cuidadosas deliberaciones, que es irrevocable [...] Para poner en práctica esta decisión, hoy por la tarde y por la noche cogeremos todas las armas que tenemos y las pondremos a disposición de los trabajadores que deseen luchar y defenderse. Si mañana lunes comienza la confiscación de armas o encarcelan a cualquier militante del partido o del CRD, nos resistiremos y consecuentemente comenzaremos a atacar. Esta decisión es irrevocable. Exigimos que cuando llamemos a Viena diciendo: ‘La confiscación ha comenzado, no vamos a aceptar la prisión’, usted dé la señal a los trabajadores vieneses y a los del resto de Austria para que vayan a huelga. No consentiremos otra retirada [...] Si el movimiento obrero vienés no nos echa una mano, entonces vergüenza y deshonra para ellos [...] Saludos solidarios, R.B.".

Cuando la policía intentó irrumpir en un local del SPÖ en Linz a las 7 de la mañana, los trabajadores se resistieron y comenzaron a luchar y a defenderse. Pasados algunos minutos las noticias de las luchas en Linz llegaron a Viena. Los trabajadores en algunas fábricas salieron espontáneamente a la huelga, pero la socialdemocracia intentó nuevamente calmar a los trabajadores. Transcurridas unas horas no les quedó más remedio que convocar la huelga general.

En las principales ciudades de Austria empezaron las batallas, pero éstas estaban pésimamente organizadas ya que muchas de las armas del CRD habían sido incautadas por la policía. A esto se añadía la falta de una estrategia revolucionaria previa que hiciera al conjunto de la clase obrera austriaca conciente de sus tareas. En algunas partes de Viena los trabajadores lucharon durante tres días. El foco principal de resistencia estaba en las residencias obreras de Viena construidas y gestionadas por la socialdemocracia (la prensa burguesa los llamaba las fortalezas). El Karl Marx Hof, en el distrito 21 de Viena (Floridsdorf) fue bombardeado por los soldados del ejército austriaco. Para empeorar el panorama, la huelga general no era sólida debido a que sectores importantes de la clase obrera, como los trabajadores ferroviarios, no la secundaron.

Los trabajadores cayeron derrotados el 15 de febrero después de cuatro días de lucha. Otto Bauer, dirigente de la socialdemocracia, huyó a Bratislava. Murieron trescientos trabajadores y miles resultaron heridos. Los líderes de la insurrección fueron ejecutados y las organizaciones de la socialdemocracia fueron prohibidas. Muchos de los líderes del SPÖ y de sus organizaciones fueron enviados a campos de concentración. La época del austro-fascismo había comenzado y en marzo de 1938 el Tercer Reich anexionó Austria a Alemania.

La tragedia del proletariado alemán y austriaco provocó un hondo impacto entre los trabajadores del Estado español que asistieron a la destrucción de las organizaciones obreras más fuertes de Europa. La consigna "Antes Viena que Berlín" ejemplificó perfectamente la actitud del proletariado español ante la amenaza del fascismo, y se concretó primero en la insurrección de octubre del 34 y después del 18 de julio de 1936, en tres años de lucha armada en las trincheras y revolución social en la retaguardia.

 

 

La reacción conquista terreno

 

El gobierno de conjunción republicano-socialista fracasó a la hora de llevar a cabo las tareas de la revolución democrática. Fue incapaz de dar satisfacción a las aspiraciones del proletariado urbano y rural, la auténtica base masas en la que descansaba el gobierno, y se plegó a las presiones de los capitalistas y terratenientes.

Sin poder resolver las contradicciones del débil capitalismo español, los efectos de la crisis económica de 1929 y de la contracción de los mercados europeos afectaron gravemente la economía española. El año 1933 fue crítico desde el punto de vista económico: el desempleo forzoso cada vez crecía más y afectaba a más de un millón y medio de trabajadores y jornaleros, al tiempo que los cierres patronales junto a la reducción de jornales, aceleraron la conflictividad laboral.

Las huelgas fueron acompañadas de una profunda desilusión política de las masas. Las esperanzas depositadas en la República, la confianza en que los ministros socialistas realizaran reformas progresivas, que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para la vida de millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia e impotencia.

Cuando el presidente de la República disolvió las Cortes y nuevas elecciones fueron convocadas para noviembre de 1933, la reacción de derechas había reconquistado una parte importante del terreno perdido el 14 de abril, especialmente entre las capas medias urbanas y las del campo, y sectores atrasados del campesinado.

Los resultados electorales transformaron la composición de las Cortes. Aunque el PSOE no perdió una parte sustancial de los votos, —obtuvo 1.600.000 aproximadamente, el 20% del censo electoral—, la ley electoral aprobada bajo el gobierno de conjunción que favorecía a las agrupaciones y/o bloques electorales, castigó severamente al PSOE que pasó de 116 escaños a 61, de los 471 que contaba el parlamento. El desplome de los republicanos fue espectacular: pasaron de 118 diputados a 16. Por el contrario en la derecha, los radicales de Lerroux con tan sólo 806.000 votos consiguieron 104 escaños y la CEDA 115 diputados.

La CNT, que no pudo impedir que en 1931 cientos de miles de afiliados votaran por las candidaturas republicano-socialistas, desarrolló en esta ocasión una intensa campaña por la abstención que encontró un amplio eco. La media nacional de abstención fue del 32% mientras en Barcelona-ciudad alcanzó el 40% y en Andalucía el 45%. Aún así, el proletariado estaba muy lejos de sentirse derrotado. La burguesía era perfectamente consciente de esto, y aunque preparaba tras las bambalinas el golpe contrarrevolucionario que le permitiese aplastar definitivamente a las masas, temía que una acción prematura tuviese el efecto contrario


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